LA REFORMA PROCESAL PENAL

LA JUSTICIA QUE NO QUEREMOS.
Posición de la Agrupación Asociación frente a la Reforma Procesal Penal

Su contexto político:
Esta reforma nace como una necesidad política, podría decirse que conforma una contraofensiva en relación a una temática exacerbada desde la derecha, es decir la inseguridad. Ésta comprendida como una situación creada, que juega a disociar la sensación de inseguridad y la inseguridad misma. Sobre la base de la primera es que esta llamada a jugar la nueva reforma.
Dejemos en claro que la inseguridad y el discurso que sobre ella se teje, son dos elementos que no están necesariamente en conexión. El discurso sobre la inseguridad ha funcionado en el último tiempo como un elemento aglutinador, con capacidad de cohesión social; éste fue disparado, indiscutiblemente, por un reconocido interlocutor, el señor Blumberg. El discurso que se ha diseminado en los medios masivos de comunicación, no es ni más ni menos que la perorata de la derecha argentina, que logró volver a la escena política de su mano, utilizando un fenómeno producido por la desigualdad social que no puede ocultarse, y cuando no, recursos espurios como los secuestros.
La correcta contextualización de la reforma, requiere de concretar su ubicuidad, en una necesidad política, que se traduce en una especulación electoral. De esta forma la reforma posiciona al peronismo bonaerense, llámese Solá o su sucesor, Scioli, en un terreno que le permite captar el voto de derecha que exige el fortalecimiento de un sistema punitivo.

Su contexto Social:
Esta etapa del análisis requiere de graficar múltiples elementos. Comencemos con aquellos elementos que estructuralmente condicionan el delito, y sobre el cual es posible usufructuar políticamente.
En la Argentina modelo 2007, la conflictividad social va en aumento, desconociendo los indicadores macroeconómicos, que nos hablan de una bonanza económica, la cual es dable esperar luego de una crisis económica como la que azotó a nuestro país. Decíamos que se evidencia la mayor brecha histórica entre el 10% más rico de la población y el 10% de los más pobres, ubicándose holgadamente en más de 30 veces. A esta altura podemos hablar de exclusión social endémica, estructural, que exceden la cuestión meramente económica, pero que encuentran sus causas allí.
Lo que surge desde esta plataforma, es que, como contra cara desde la Ley Ruckauf, la población carcelaria se ha visto notoriamente incrementada, contrariando el discurso de los medios, en el sentido de que entran por un lado y salen por el otro. Las estadísticas niegan esas afirmaciones.
Basado en estas argumentaciones se muestra con cierta claridad la imposibilidad del sistema de resolver la “inseguridad”, precisamente por la falta de voluntad de resolver las fuentes generadoras del delito. En este sentido la reforma es sólo un intento efectivísta, como lo supo ser el mamarracho realizado en la reforma de 1998.

Consecuencias:
La primera en este orden de ideas, es la imposibilidad de comenzar a trabajar seriamente en la cuestión de la inseguridad, porque no se abordan las causas que generan la delincuencia, sólo se maquillan sus consecuencias, por ende, esta reforma esta destinada al fracaso.
Otro elemento decisivo esta configurado por la “crisis humanitaria” que atraviesa el sistema carcelario. Esta crisis no es una mera especulación que ha sido fehacientemente comprobada a través del contundente informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. Según dicha investigación las condiciones de detención son paupérrimas, hay hacinamiento, precariedad, mala alimentación, torturas, degradación, etc. Someter a una persona a este sistema implica una doble condena, pues “purga” la pena establecida y la que no le corresponde. Con relación a este particular podemos agregar algunos datos. El sistema penal es “ultra clasista”[1]: el 84% de los presos estaba desocupado o subocupado al momento de la detención, el 82% tiene escolarización primaria o menos. Sólo el 5% tiene secundaria completa. El 75% no tiene sentencia firme y, las estadísticas marcan que el 30% resultan absueltos al culminar el proceso.
Todo esto nos lleva a afirmar la selectividad del sistema punitivo y su agravamiento a través de la futura reforma. Es decir, se apunta a una especialización en la criminalización de la pobreza, en contraposición con los grandes crímenes(los de guante blanco), lo cual evidencia la lucha de clases en el terreno judicial.
Otra consecuencia que atenta contra la profundización de la democracia, es el hecho de la imposición del proyecto, su carácter inconsulto. Una proyecto que debiera definir el perfil de toda una sociedad y no solo destacar la hegemonía política de un sector.
Es claro en todo esto, el cambio de posicionamiento del oficialismo de la provincia de Buenos Aires; indudablemente esta reforma marca la derechización que se esta viviendo.

Las consecuencias en el Poder Judicial:
La otra gran crisis esta instalada en el seno del Poder Judicial, esto no escapa a nadie, inclusive a los funcionarios del Ejecutivo provincial. En ese contexto hay un incremento de litigiosidad, e insuficiencia operativa, presupuestaria y edilicia para hacerle frente a este caudal de causas. Todo ello conforma la crisis del órgano de ejecución de lo que será la nueva reforma. Parece razonable pensar, que quien será uno de los actores principalísimos de esta reforma sea escuchado, pero este proyecto de ley, que cuenta con media sanción ha caminado hasta aquí de forma inconsulta, sin tomar en cuenta, las diversas advertencias que los trabajadores judiciales hemos realizado.
Sin mayor presupuesto para el Poder Judicial, la reforma no puede ser implementada. Hasta ahora el modo de introducir modificaciones ha sido la división de las plantas funcionales ya existentes, creando algunas de forma residual.
Claro esta que como esta planteado, el Ejecutivo no respeta los derechos de quienes son órgano ejecutor, algo que se torna inaceptable. La modificación horaria como salida efectivista, sin infraestructura, y sin compensación salarial, violando derechos adquiridos por los trabajadores, son algunas de las consecuencias que se vislumbran. Al respecto nos oponemos abiertamente, por considerar que la posible ampliación horaria, supuestamente hasta las 18 hs[2], es inaceptable.
A su tiempo recordamos la resolución de fecha 20 de Abril de 2001, a través de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, expresa que: “…la duplicación del horario de actividad demandaría la institución de nuevas plantas funcionales con las necesarias previsiones presupuestarias”.

La reforma en sí:
Por todo lo antedicho creemos que el problema de la justicia es político y no técnico.
El proyecto de Solá apunta a una lisa y llana eliminación de una instancia del proceso, como es el Tribunal de Casación Penal, en abierta violación y deterioro de la defensa en juicio de las personas. La gravedad constitucional que acarrea se torna obvia.
Esta reforma sigue los pasos del plan piloto que se está desarrollando en Mar del Plata y San Martín, con un perfil que utiliza términos más propios de una empresa, que de la justicia, convirtiendo los procesos para los casos de flagrancia, en procesos sumarísimos, que redundan en el deterioro de la defensa en juicio, y a su ves, es de aplicación, estadísticamente hablando, para los pequeños delitos contra la propiedad, es decir, está destinada sólo a los ladrones de gallinas.
Otro elemento preocupante es, el manoseo político al que se somete la función de los jueces, tendiendo a controlarlos. En este sentido se inscribe la violación del principio del juez natural. Asimismo, ataca la posibilidad de la profesionalización al crear una “competencia flotante”, lo cual además trae aparejado problemas prácticos no previstos, que lesionan múltiples derechos de los procesados. Ellos asumirán las consecuencias.
Esta reforma importa un esquema de investigación, claramente violatorio de múltiples principios constitucionales como: imparcialidad; igualdad de las partes; separación de poderes.

Conclusiones:
Ante las nefastas consecuencias que acarreará la “nueva” Reforma, proponemos:

• 1º) Atender las reales causas que generan la sensación de inseguridad sobre la que se apoya este reforma. Es decir distribución de la riqueza, Ya, reduciendo la brecha entre ricos y pobres.
  
• 2º) Denunciamos la derechización de la política penal del Poder Ejecutivo.
  
• 3º) Una reforma adecuada a la realidad socioeconómica del país, en la cual participen los reales ejecutores de la justicia (los trabajadores judiciales), y también toda la sociedad, y no solo un sector político hegemónico.
  
• 4º) Urgente partida presupuestaria para la justicia, ya que se encuentra en una profunda crisis. Ley Porcentual, Ya.
  
• 5º) Parar con las modificaciones unilaterales por parte de la Corte y el Ministerio Público, y en detrimento de los trabajadores judiciales. Convenio Colectivo de Trabajo, Ya. Estipular claramente los mecanismos de promoción, ascenso y nombramiento del personal del Ministerio Público.

[1] Revista en Marcha, Nº43, pág. 4.
[2] Diario Hoy de La Plata, 1 de febrero de 2007, pág. 7.