EL BUROCRATA GIARONE Y LA DEMOCRACIA

Dice el que no dice lo que quiere decir:
Democracia
Dice el que no dice, mas quiere decir:
Democracia
Desde que el mundo es mundo
Ciudades y pueblos
Imperios y colonias
Amos y esclavos
Unos y otros
De la democracia dicen
A sabiendas, flirteo y cortejo
Manipuleo
A horcajadas, deseo y decepción
Balbuceo
Todos la invocan
Horma erga-omnes
Calzón maloliente/ horizonte inalcanzable:
Democracia

Texto jacobino

I

Los bolcheviques creían que la burocracia era parte del enemigo, paradigma de la organización política zarista. Sin embargo, instalados en el poder tras la revolución, descubrieron que el componente humano de esa burocracia, tecnócratas y funcionarios burgueses, era insustituible mediante cuadros obreros, fundamentalmente porque los mismos no existían. Los bolcheviques se vieron obligados entonces, a mantener en funcionamiento al viejo aparato administrativo imperial, dentro del marco de la nueva organización política y social naciente, en los períodos sucesivos de la economía de guerra y de la NEP. Con el paso de los años y a partir de la formación de nuevos cuadros surgidos de las filas proletarias, la composición de la burocracia fue variando, mas no en función de su progresiva desaparición.
El sociólogo Max Weber, uno de los principales teóricos que se ocupó del tema, entendía que en las comunidades modernas, la burocracia era un componente institucional necesario. Sus apreciaciones no se referían tan sólo al estado y a su ámbito específico, sino que alcanzaban al conjunto de las asociaciones que se interrelacionan en la sociedad: “la necesidad de una administración más permanente, rigurosa, intensiva y calculable, tal como la creó el capitalismo (sin la cual no puede subsistir y que todo socialismo racional tendrá que aceptar e incrementar), determina el carácter fatal de la democracia como médula de toda administración de masas (estado, iglesia, ejército, partido, asociación de interés, etc)”. La posición de Weber no implicaba una mera declaración de principios imbuida de ideología. Ya que basta con repasar la genealogía y el ulterior desarrollo de cualquier serie de instituciones tomadas al azar, para constatar que todas y cada una de ellas, desde las organizaciones de trabajadores hasta los organismos internacionales de crédito, si no presentan una burocracia establecida, llevan en sí a su germen, presto a madurar cuando las circunstancias así lo requieren. Una vez más, el ejemplo bolchevique es elocuente. El lema revolucionario “todo el poder a los soviets” fue perdiendo sustancia a medida que el proceso revolucionario tendía a resolverse en la férrea burocracia de la dictadura estalinista. Cabe preguntarnos entonces: si a partir de una lectura atenta de los textos de Max Weber, y de una subsiguiente constatación empírica de sus apreciaciones, concluimos que la burocracia es una presencia inevitable en la vida de las instituciones, tanto en las sociedades capitalistas como en las socialistas; y si, como consecuencia de esto, deducimos que de la calidad de su administración depende en gran medida la salud de aquéllas ¿qué nos lleva a otorgar al término burocracia un sentido peyorativo? ¿cuál es la raíz de la aporía?


II

La AJB es una típica institución que actúa y cumple un rol específico en una sociedad capitalista. Como tal, presenta una burocracia de cuadros que diluyen su accionar en la opacidad propia de la organización. Hasta aquí, no tenemos flancos débiles para atacar; una vez más, el sindicato de los judiciales de la provincia de Buenos Aires es, como no podría ser de otra manera, una institución que posee una burocracia bien establecida y que cumple las tareas que le son propias. Pero la cuestión se abre cuando insertamos en el análisis a las bases (que, como su nombre lo indica, constituyen el fundamento mismo de la existencia del sindicato), para intentar determinar qué relación las une con la burocracia (si es que existe tal relación).
Daniel Giarone, durante una asamblea desarrollada en Quilmes en ocasión del último paro provincial, resultó elocuente respecto a lo que la comisión provincial entiende por democracia, legitimidad y representatividad. Luego de una sucesión de cruces verbales con diferentes compañeros que cuestionaban la actitud timorata de los dirigentes, Giarone se despachó con una declaración de principios: según él, la legitimidad de la conducción provincial, su representatividad incontrastable, se sustentaría en las elecciones ganadas en agosto de 2006. Su apología de la democracia representativa (la de un burócrata) abrió entonces una fisura en la estructura teórica que sustenta las bondades de la burocracia. A partir de allí (de la contundencia de sus afirmaciones), y muy a su pesar, la crítica de la burocracia que él representa se tornó más sencilla desde una perspectiva de bases.


III

1) ¿Qué entiende el secretario general de San Martín por democracia? Louis Althusser decía que las palabras son armas, antídotos y venenos. Afirmaba también que el resultado parcial de la lucha de clases, en ocasiones, podía consistir en la imposición del significado dominante de una palabra litigiosa. Los constituyentes originarios que en 1853 sancionaron la Constitución Nacional tuvieron el buen tino de excluir de su texto cualquier referencia a la democracia. Los fundamentos de la decisión pueden encontrarse en la doctrina de Rousseau, quien sostenía que la democracia es directa o no es democracia, y en el constitucionalismo liberal norteamericano, puesto que la constitución de los Estados Unidos (que sirvió como modelo para la nuestra) tampoco menciona al término, siguiendo la línea de El Federalista, que sólo lo incluye para realizarle severas críticas. Indudablemente, tanto los constitucionalistas norteamericanos como los argentinos, eran conscientes de la ambigüedad de la palabra democracia, sujeta a múltiples interpretaciones desde su acuñamiento en la Atenas de Pericles; se percataban, además (a partir de una correcta lectura de Rousseau), que su inclusión en las cartas magnas respectivas podía ocasionar serios perjuicios a los intereses que, en última instancia, representaban.
Sin embargo, y en consonancia con ideas surgidas durante la Revolución Francesa, políticos y prosistas de diversos colores y vertientes supieron instalar mediante un uso programático e ideológico del vocablo (oculto tras una supuesta discrecionalidad) su moderna significación, que la reduce a una supuesta participación indirecta del pueblo en la toma de decisiones políticas, resumida en la sentencia termidoriana “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Eclipsada por la hegemonía de su concepción indirecta, la democracia ha perdido sus resonancias libertarias y actualmente se desliza sin dificultades por la lengua de reacción más recalcitrante.
Giarone, orador competente, en un arranque de pedantería cesarista, intentó ningunear el clamor de una asamblea desde la supuesta representatividad obtenida por la conducción provincial a partir de su triunfo en las elecciones. Resulta clara, a partir de sus afirmaciones, la adhesión de Giarone a la concepción indirecta de democracia, contraria por naturaleza a la democracia de bases. Porque más allá de sus reiteradas invocaciones al decisionismo asambleario, que actuaría como aval democrático de la política salarial de baja intensidad que lleva adelante la comisión provincial, lo cierto es que puesto entre la espada y la pared y necesitado de justificar lo injustificable, hizo honor a la actitud socrática de conservar la ética en situaciones límites, contradiciéndola.
La democracia, según Alain Badiou, “tal y como la entiende la propaganda actual, designa expresamente una forma de gobierno, la representación parlamentaria, cuyo protocolo de base es la elección y cuyo lugar es el sistema de Estado-partidos. (...) El compromiso (de una subjetividad particular) con el parlamentarismo (o presidencialismo, ya que lo esencial de su análisis radica en el problema de la “representación” de la presencia) presenta dos caracteres: - subordina a la política al lugar estatal (el único acto político colectivo es la designación del personal de gobierno) y –exige como condición reguladora la autonomía del capital, los propietarios, el mercado”. El triunfo (¿definitivo?) de los cultores de la “democracia indirecta” en el sindicato consolida la división estamental del mismo, socavando la participación activa de las bases en la toma de decisiones y consolidando a una casta de políticos en la gestión burocrática.
Primeras líneas a modo de conclusión: a) el problema de la burocracia en un ámbito de “democracia representativa” es el del autismo e impermeabilidad de sus cuadros frente a los requerimientos de las bases. b) la “bajada de línea” se establece como práctica regular y necesaria en el contacto de los estamentos (verticalismo). La burocracia dispone para esto de su aparato comunicacional.
2) ¿Qué entiende el secretario general de San Martín por legitimidad? Nadie en su sano juicio cuestionaría la legalidad de los dirigentes. En efecto, ocupan las posiciones jerárquicas del sindicato a partir de haber ganado unas elecciones celebradas dentro de los marcos normativos del estatuto. Sin embargo, cualquier alumno de primer año de derecho, tras haber cursado dos o tres clases de la asignatura derecho político, ya conoce la distinción clásica entre legalidad y legitimidad. A grandes rasgos, podríamos plantearla de la siguiente manera: la legalidad es una precondición necesaria para el ejercicio del poder en un estado de derecho; la legitimidad, por su parte, es derivada y responde al grado de aceptación popular de las políticas y de las personas que asumen legalmente o no la representación. La legalidad, en consecuencia, es juzgada institucionalmente y responde a criterios técnicos, mientras que la legitimidad es atribuida desde lo extra institucional y está sujeta al devenir de la opinión de las masas. La legalidad es un estado, una normalización; la legitimidad, en cambio, es una dinámica.
Cuando Giarone plantea que la legitimidad de la conducción provincial proviene de las elecciones ganadas, comete un error de apreciación imperdonable para una persona de su posición. La conducción provincial se hizo acreedora del derecho a ocupar los cargos jerárquicos del sindicato, mas no de un cheque en blanco librado por los afiliados. Ganar las elecciones implica, cómo no, una legitimidad de origen. Pero para sostenerla en el tiempo se necesitan mucho más que alusiones a la fotografía que constituye el momento inicial. Renovar una y otra vez el recuento de votos, sacándolo a relucir cuando las papas queman, es una práctica autocomplaciente que aleja de la realidad a los jerarcas, sumiéndolos en la paranoia de percibir un afán desestabilizador en cada crítica.
Más líneas a modo de conclusión: a) el autismo burocrático deriva de los equívocos que cimientan sus certezas b) la desconexión estamental se sustenta en la legalidad, no en la legitimidad, y erige un régimen de privilegios.
3) ¿Qué entiende el secretario general de San Martín por representatividad? Los judiciales son seres vivos: nacen, se desarrollan, se jubilan y mueren. Lamentablemente, Giarone no parece estar de acuerdo con nosotros. Al invocar el resultado de una elección, con el afán de ilustrarnos acerca del sustrato real de la representatividad que la conducción se arroga, el secretario general de San Martín retrotrae nuestra presencia a la frialdad del número que alguna vez reflejó la voluntad mayoritaria. Daniel confunde nuevamente los momentos y los significados. Si la representatividad se mide, de una vez y para siempre, a partir del conteo de votos, entonces se sostiene en el número debidamente acreditado en las actas del escrutinio y no en la presencia viva de los trabajadores. La representación según Giarone, se afinca en una ausencia de vida, o en una presencia contada, fiscalizada y debidamente archivada. Los trabajadores a quienes dicen representar los señores burócratas, son negados como presencia al ser homologados a guarismos pretéritos, concluidos. Las cúpulas, en definitiva, son las ganadoras de las elecciones y no las representantes de los trabajadores.
Señor Giarone: los judiciales vivimos, estamos presentes. La conducción del sindicato debería hacer el intento de representar a los trabajadores judiciales que sufren, día a día, las consecuencias de su desidia.
Líneas finales a modo de conclusión: 1) la confesa pretensión de matar a la presencia (trabajadores vivos) por parte de Giarone, se inscribe en el entendimiento de la representación como sustantivo (con un significado estable; trascendente; y que se basta a sí misma, ya que no remite a una presencia viva que la funde), en oposición a una concepción verbal o dinámica del término (se representa dinámicamente a una presencia viva). 2) la burocracia en la democracia indirecta es la consolidación de un régimen que busca representar a nadie (representa algo, números). 3) por último, Giarone y los demás dirigentes provinciales no son los representantes de los trabajadores, sino los representantes de la burocracia sindical (ahora sí, con fundamentos, en sentido peyorativo).


CENTRO DE ESTUDIOS AGUSTÍN TOSCO (CEAT)

¿POR QUÉ LUCHAR?

Meras referencias a modo de introducción. Imprecisas, para ahorrarles el trabajo a nuestros habituados detractores; mas no por eso alejadas de la realidad.
La gran mayoría de los empleados públicos bonaerenses, incluidos, cómo no, los judiciales, a gatas alcanzan a cubrir con su salario las necesidades básicas personales. Y a quienes con él mantienen un hogar tipo, bueno... sobran las palabras Giorgio Agamben, filósofo italiano, clamó “¡volvamos posible a la vida!”. A él seguimos. Ya no se trata de proyectarnos hacia un futuro de posibilidades múltiples. Hoy la vida, puro presente, es para nosotros un fin en sí mismo. No entendida, claro está, como mera supervivencia, sino como vida humana en su sentido más literal, es decir, aristotélico. Porque dadas las circunstancias, parecería que desde la gobernación pretendiesen reducirnos a la animalidad, a que tan sólo podamos satisfacer con nuestro salario aquellas necesidades básicas que compartimos con los perros.
Un aparente sin-sentido pueda tal vez servirnos de apoyo. Si el empleado judicial tipo gasta la mayor parte de su sueldo todos los meses, entonces es su propio empleador al menos dos meses al año. ¡¿Cómo?! ¿El empleado judicial, en un desdoblamiento prodigioso, bíblico, convertido de súbito en su empleador, sin dejar por eso de ser empleado? O esto es fruto del delirio de un esquizofrénico, o la realidad, es decir, nuestra vida como empleados judiciales, ha devenido una triste paradoja. ¿A qué suena 21 %?
Cuentas, números y abstracciones de lo más engorrosas gobiernan al mundo ¿no? Nos entregamos a su imperio entonces y rendimos pleitesías. Los empleados judiciales que gastan la totalidad de su sueldo, y me animaría a decir que constituyen la amplia mayoría, son sólo empleados únicamente diez meses al año. ¿Por qué? Porque todo lo que consumen, o casi, está grabado con IVA. Es decir que el 21 % del dinero que reciben anualmente del estado provincial vuelve a sus arcas vía coparticipación, lo cual, a ojo de buen cubero, significa que los trabajadores costean de su bolsillo dos (y un poquito más) de sus propios sueldos. Es decir que, gracias al pase de magia del prestidigitador gobierno provincial, se convierten, dos meses al año, en empleadores que se emplean a sí mismos ¿Círculo vicioso? ¿O más bien tragedia? ¿Qué les parece? Y sólo hacemos referencia al IVA, la Vedette en eso de lo que merece ser llamado injusto.
¿Y el resto? Ah, no... del resto de las cosas no se habla. Un baño de realismo no nos vendría mal a esta altura, compañeros. Con la desgrabación de la renta financiera no se jode ¿A ver si espantamos a los inversores-moscas? Menos con el impuesto a las ganancias ¿A ver si la burguesía nacional se queja por la falta de reglas claras para los negocios? Pero más incauto sería tocar aún más los intereses del capital transnacional afincado en el campo o en el trabalenguas que dice “empresas privatizadas de servicios públicos” ¿A ver si los organismos internacionales protestan ante otra violación de la seguridad jurídica?
Y más de uno de ustedes ya debe andar pensando “¿baño de realismo?, ¿falso, cabría agregar a la metáfora?” Si la realidad es números, seguridades jurídicas, reglas claras, inversiones, y demás significantes del capitalismo depredador, lo Real, compañeros, es la miseria que como una peste infecta a cada vez más seres humanos. Y a no marearse, a no recular ante semejantes diagnósticos. Nos incluyen, como excluidos a un paso del abismo. No somos privilegiados por tener trabajo, tal y como nos presenta la derecha más hedionda. Un país que crece a tasas astronómicas es un lugar en que se amasan fortunas. La obscenidad resultante del contraste entre las tasas de ganancia de los circunstanciales “motores de la economía” y los magros ingresos de mucho más de la mitad de la población lleva sí, en cambio, aquél nombre propio del ancien regim: privilegios. Tengan la plena seguridad, de que no somos beneficiarios de los mismos, sino artífices inconsultos de las prerrogativas (manchadas) de sangre aún existentes. No pertenecemos a ninguna neoaristocracia. No repitamos zonzamente las mentiras que nos hacen creer. Somos trabajadores que realizan sus tareas en paupérrimas condiciones; somos mujeres y hombres que damos todo de nosotros a cambio de las migajas del gran banquete que se celebra en la habitación contigua (a la que tenemos vedado el ingreso). Los trabajadores judiciales somos engranajes de una máquina siniestra que, en última instancia, sirve a los fines de la ganancia ajena.
Si el gobernante de turno (y sus acólitos, ex compañeros traidores a la causa) nos piden mesura, escupámosles sin dobleces su hipocresía a la cara. Sólo es capaz de medirse quien dispone de recursos susceptibles de dilapidarse. Mesura es lo que nosotros debemos exigirle a quienes, con criterio espurio, reparten la torta. Es preciso que entiendan, de una vez y para siempre, que los trabajadores (ocupados y desocupados), es decir, los seres humanos, somos prioridad. Si se empecinan en continuar financiando el festín del 6%* con sudor ajeno, pues bien, que se atengan a sufrir en carne propia las consecuencias de muestra sobrevenida incapacidad de medir la bronca.

¡Unámonos trabajadores judiciales, de una vez y para siempre!

¡LA LEY PORCENTUAL ES POSIBLE!

*En Argentina los empleadores, que según el último Censo Nacional son el 6% de la población ocupada, realizan el 51,5 % del total del consumo privado. Es decir que el 6% de la población ocupada consume más que el 94 % restante.
Vale aclarar que casi la totalidad del ingreso de los trabajadores se consume, mientras que los ingresos de los empleadores se reparte entre consumo e inversión (cuya diferencia determina el ahorro o el desahorro del sector privado).
(fuente: semanario económico Cash del diario Página 12, del día domingo 28 de mayo de 2006)

INFORME SOBRE NUESTRO SALARIO

Ante la gravísima situación salarial que viven los compañeros judiciales, tenemos la intención de explicar como se llega a ella. Como nuestro salario ha sido devaluado, y no ha conseguido recomponerse.

Decidimos ejemplificar el trabajo, a través de una categoría referencial, auxiliar 4º (nivel 7), históricamente el último peldaño del escalafón, sin desconocer la existencia de los cientos de compañeros con categoría auxiliar 6º, con un salario de $852,41.-, cifra esta por debajo de la línea de la pobreza.

EL SALARIO:

Evaluación salarial del básico, aplicado al nivel 7. Medido desde marzo de 2001 a la actualidad. Variación del salario básico, y el porcentaje de recomposición (aumentos).

Como se desprende de los cuadros expuesta ut supra, podemos ver como el salario en esta categoría referencial, desde Marzo del 2001, es decir con anterioridad a la crisis de 2001, y hasta la fecha, ha sufrido una recomposición salarial del 91,3%. En 6 años, el salario solo se recuperó en 91,3%, es decir a 15 puntos aproximadamente por año. Estas cifras evidencian contundentemente la valoración que sobre el salario ha efectuado el gobierno. Si tenemos en cuenta que la inflación promedio es del 10% anual, y que ese promedio es pos crisis, en una etapa de relativa tranquilidad económica, se nos ha aplicado una tasa de recuperación salarial similar a la que corresponde con la crisis. Pero el gran detalle, lo incomprensible, es que nuestro salario atravesó, una devaluación salvaje, del orden de 300%. Dicho de otra forma, nuestro salario nunca se recuperó de la devaluación, o solo se recuperó una tercera parte.

LA INFLACIÓN:

Podríamos realizar la actualización del salario, a través del costo de vida o por el valor del dólar; analicemos los valores inflacionarios.

Los índices inflacionarios son contundentes. Tomando la fracción temporal para este trabajo (marzo de 2001-enero de 2007), la inflación acumulada, de acuerdo al índice de marzo de 2001, fue de 90,3% [1], y la inflación proyectada para todo el 2007, es de 9.5%.

Estas cifras, nos permiten sacar unas primeras conclusiones. Una contundente, es que el salario de los trabajadores judiciales fue destruido, devastado. Se ha equiparado los aumentos con la inflación. Hasta aquí podríamos hablar de "congelamiento salarial", lo cual es indignante. Pero si recordamos que sufrimos una devaluación del 300%, los nervios se nos crispan.
Recordemos que nuestra economía estuvo, y todavía continúa en parte "dolarizada"; Es decir, que aquellos productos llamados "omódities", manejan precios fijados al dólar, y dichos comódities son de consumo diario, por consiguiente están dolarizados. En 2001 la categoría referencial (nivel 7), ganaba: U$S 499.-, hoy solo llega a U$S 318.-. Esta depreciación tiene una relevancia de enorme trascendencia. Tomemos el ejemplo de las casas (bien inmueble), el valor del metro cuadrado subió un 17,8 por ciento[2], en 2006, con relación al 2005. Claramente vemos como el sueño de comprar una casa se nos aleja.

ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires se jacta de romper récords históricos de recaudación, mientras que Montoya nos asfixia, entre otras cosas cobrándoles a nuestros compañeros impuestos a las ganancias, sobre sus salarios.
En Noviembre de 2006 la recaudación fiscal creció, comparativamente con el mismo segmento del año anterior 32,9%. La recaudación total en enero de 2006 fue de 903.974 millones, mientras que en enero de 2007 creció a 1.070.138 millones de pesos.
Por otro lado los números macroeconómicos de Argentina son irrefutables, es decir llevamos varios años creciendo por encima del 8%; estas cifras son compatibles, y superiores en algunos casos, con las grandes economías del mundo. Es evidente que la economía está creciendo a tasas compatibles con la ausencia de presiones inflacionarias.
No podemos dejar de exponer, que es sobre esos niveles de ingresos de nuestra economía, que se produce el reparto de dinero a través de la "coparticipación" a las diversas provincias, entre ellas a Buenos Aires. Si bien es cierto que los puntos de coparticipación son bajos, y que nuestra provincia requiere, y le corresponde más, no deja de verse incrementados por las cifras nacionales. Recapitulemos, más dinero por coparticipación, sumado a cifras record de recaudación en la provincia, es equivalente a más dinero. El tema central aquí es la distribución de la riqueza, cuestión que el Gobierno de Solá no esta dispuesto a poner en práctica, y es responsabilidad de los Sindicatos pelear para lograrlo, hoy más que nunca.
Cabe señalar que en la actualidad, la brecha entre el 10% que más gana, y el 10% de los que menos ganan, supera holgadamente las 30 veces. Mucho crecimiento del PBI, y poca distribución de esa masa de dinero.
En un mismo orden de ideas, se trata de que el Gobierno baje su superávit fiscal para aumentar salario. Si bien proponemos la ampliación del gasto, en beneficios de la salud, educación, justicia, etc., también argumentamos que es a favor de modificar la composición del gasto existente, mejorando el salario de los empleados públicos, entre otros.

SECTORES DE LA ECONOMÍA:

De todos los sectores de la economía, tanto el sector Privado Registrado (en blanco), el Privado No Registrado (en negro), y el sector Estatal, es éste último el que menos ha recuperado su salario real.
Según el Ministerio de Economía de la Nación, Los salarios del sector en negro de la economía mejoraron desde 2001 un 125%, pero aún están lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido.
El sector Privado Registrado, logró desde el 2001 a Octubre de 2006, una recuperación salarial del 117,8%. En diciembre, el salario real promedio del sector formal creció un 18,7% respecto del mismo período de 2005. Como podemos apreciar de los tres sectores los estatales son los más perjudicados, sólo recuperaron 91,3%. Cabe destacar que los otros sectores han tenido sistemas de recuperación salarial mucho más rápidos, lo cual nos debe llevar a preguntarnos, que es lo que nuestro sindicato no esta haciendo, o esta haciendo mal. ¿Quién nos defiende para recuperar esos casi 40 puntos de diferencia, o acaso los judiciales tenemos menos gastos, compramos más barato?
Veamos básicos de otros sectores:
Unión tranviaria automotor-conductores de larga distancia: Básico sin antigüedad: $1.900.-.
Trabajadores del Subte: Básico: $2100.-.
Cabe destacar que los salarios de estos sindicatos, son el producto de una lucha sin cuartel contra la patronal; es el resultado de poner el pecho, a todo o nada, por su salario. Para alcanzar esto, han tenido que pasar momentos muy duros, inciertos, han realizado, cortes de calle, de rutas, han tomado edificios, o como los telefónicos que han llegado a efectuar sabotajes. ¿Los judiciales a que estamos dispuestos? ¿Somos capaces de un PARO CONTUNDENTE?

LOS TRABAJADORES JUDICIALES DE ARGENTINA:

Entre todos los trabajadores de las diversas provincias del país, los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, están ranqueados ante últimos, es decir que son casi los que menos cobran en Argentina, y esta provincia es la que menos empleados tiene por habitante y el que tramita más causas por empleado.
Por otro lado, son varias las provincias que han logrado obtener su Ley Porcentual: CHUBUT, ENTRE RIOS, NEUQUEN, CIUDAD DE BUENOS AIRES, y recientemente LA RIOJA, esta última después de un paro que duró 70 días. Como dijo Izquierdo, Secretario General de la Federación Judicial Argentina: “porcentual para todas las provincias”. Pero no se olviden de BUENOS AIRES.

NUESTRA VISIÓN SOBRE EL SALARIO:

Con la heroica lucha que llevamos a cabo en 2005, los trabajadores judiciales conseguimos que el gobierno firmase dos actas compromiso, con el objetivo del restablecimiento del sistema de porcentualidad que rigiera hasta la derogación de la Ley Nº 10.374. La relación porcentual actual dista mucho de los valores de nuestra histórica Ley Porcentual. Recordemos que la LEY PORCENTUAL, estuvo vigente en 3 períodos: durante la década del 60, del 70, y último período desde 1984 a 1991.
Ya hemos aguardado suficiente, y nuestra conducción provincial no ha sabido impulsar la concreción de dichas actas-acuerdo.
Comprendemos que la implementación total de la porcentual puede realizarse en escalas, es decir, no de un día para otro, sino paulatinamente. Pero ante la grave situación que atravesamos deben comenzar, con un porcentaje que asegure un salario digno, y en períodos sucesivos, llegar al 100%.
La situación salarial de los trabajadores judiciales es más que crítica, como quedo demostrado en éste informe. La respuesta a nuestras necesidades se llama "Ley Porcentual", y no aumento salarial con porcentualidad, que nos llevan a tener que correr detrás de la zanahoria salarial todo el tiempo. Es decir debemos tener una política salarial clara y contundente, y no salir corriendo para subirnos al carro de los aumentos que puedan obtener otros sindicatos con sus luchas.
En esto somos claros, no es lo mismo "aumento con porcentualidad salarial", que Ley Porcentual. El primero de estos criterios no expresa que relación porcentual queremos, por lo tanto lo deja librado al humor de negociar del Poder Ejecutivo, que suele ser contrario a los intereses de los trabajadores. En contraposición la Ley Porcentual, implica un criterio de porcentualidad que los judiciales ya conocen, es decir los criterios de la Ley Histórica, claramente asimilable a un salario digno.
Como hemos visto, la obtención de salarios dignos esta directamente relacionada con la capacidad y entrega de lucha de cada sindicato y su dirigencia; Por cuanto, ante lo gravísimo de este cuadro de situación, se requiere tomar medidas urgentes, con la cabeza bien fría, contundentes medidas, que se viabilicen a través de un plan de lucha decidido, a fondo, y no medidas timoratas, que parecen estar en consonancia con la política salarial del Gobierno.
Exijámosle a nuestra dirigencia, lo que nos corresponde por derecho propio, un salario digno, que se obtendrá con lucha, y si ello no sucede tomemos nosotros la iniciativa.

LA CONTRA CARA DE LA LUCHA: LOS DESCUENTOS

La temática sobre los descuentos que han sufrido masivamente los compañeros que lucharon en 2005, y que al día de hoy continúan sufriendo descuentos por asambleas, paros, o movilizaciones, es un tema que no puede ser desconocido.
En esta ocasión debemos aprender de los docentes. El Frente Gremial (FEB y SUTEBA) presentaron un recurso en la Justicia, luego que se consumasen los salvajes descuentos a los maestros que adhirieron a los días de paro en octubre, noviembre y diciembre. El Juez de La Plata, Luis Arias, ordenó dejar sin efecto los descuentos aplicados a los salarios de los docentes.
En ocasiones resulta importante poder evaluar los errores cometidos, volver sobre nuestros pasos e intentar subsanarlos. Es que la Conducción Provincial de la AJB, ha tenido una política errada en relación a los graves descuentos sufridos por los trabajadores judiciales a fines de 2005. Un año después no hemos tenido respuesta favorable con relación a la devolución de los descuentos. La táctica utilizada ha demostrado ser equivocada; los trabajadores de la justicia, parecen desconfiar de la propia Justicia, pero la conducción de un sindicato como la AJB, a veces requiere un poco de osadía para alcanzar sus objetivos. No haber utilizado la vía legal, llámese, la presentación de un recurso de forma inmediata, para detener los descuentos fue un grave error, tanto como no haber negociado con el gobierno, previo al levantamiento de las medidas, el no descuento. Estos son errores importantes que han tenido que soportar los compañeros y sus salarios.
Estas apreciaciones no corresponden a peleas internas del sindicato, pues ello sería mezquino, sino que tienden a evaluar la mejor forma de resolver nuestros problemas. Consideramos que del análisis de la historia de la lucha sindical, surgirán las respuestas para futuros problemas. En esta ocasión los Docentes nos muestran que la vía Judicial es eficiente, por ello deberíamos evaluar su utilización, no solo en relación a los descuentos, sino ante las Acordadas notoriamente anticonstitucionales que la Corte ha emitido.
Los argumentos esgrimidos por el Juez de primera instancia, Dr. Luis Arias, son contundentes: "...los docentes no encontraron otro remedio que ejercer el derecho a huelga... tras fracasar en varias reuniones paritarias". La pregunta es cuanto más contundente será nuestro reclamo, cuando ni siquiera tenemos paritarias.
Este recurso no es solo político, sino también técnico, en consecuencia se desprende que la implementación de este tipo de recursos, fue un error político de la conducción o incapacidad técnico-jurídico de quienes está a cargo de estas tareas.
La lucha contra nuestro único enemigo, el Poder Ejecutivo y la Corte, requiere de una profunda capacidad de análisis y sobre todas las cosas, el valor para ejecutar las acciones necesarias, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga.

[1] Fuente: Bloomberg 20/2/2007
[2] Informe Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Febrero 2007.

LA REFORMA PROCESAL PENAL

LA JUSTICIA QUE NO QUEREMOS.
Posición de la Agrupación Asociación frente a la Reforma Procesal Penal

Su contexto político:
Esta reforma nace como una necesidad política, podría decirse que conforma una contraofensiva en relación a una temática exacerbada desde la derecha, es decir la inseguridad. Ésta comprendida como una situación creada, que juega a disociar la sensación de inseguridad y la inseguridad misma. Sobre la base de la primera es que esta llamada a jugar la nueva reforma.
Dejemos en claro que la inseguridad y el discurso que sobre ella se teje, son dos elementos que no están necesariamente en conexión. El discurso sobre la inseguridad ha funcionado en el último tiempo como un elemento aglutinador, con capacidad de cohesión social; éste fue disparado, indiscutiblemente, por un reconocido interlocutor, el señor Blumberg. El discurso que se ha diseminado en los medios masivos de comunicación, no es ni más ni menos que la perorata de la derecha argentina, que logró volver a la escena política de su mano, utilizando un fenómeno producido por la desigualdad social que no puede ocultarse, y cuando no, recursos espurios como los secuestros.
La correcta contextualización de la reforma, requiere de concretar su ubicuidad, en una necesidad política, que se traduce en una especulación electoral. De esta forma la reforma posiciona al peronismo bonaerense, llámese Solá o su sucesor, Scioli, en un terreno que le permite captar el voto de derecha que exige el fortalecimiento de un sistema punitivo.

Su contexto Social:
Esta etapa del análisis requiere de graficar múltiples elementos. Comencemos con aquellos elementos que estructuralmente condicionan el delito, y sobre el cual es posible usufructuar políticamente.
En la Argentina modelo 2007, la conflictividad social va en aumento, desconociendo los indicadores macroeconómicos, que nos hablan de una bonanza económica, la cual es dable esperar luego de una crisis económica como la que azotó a nuestro país. Decíamos que se evidencia la mayor brecha histórica entre el 10% más rico de la población y el 10% de los más pobres, ubicándose holgadamente en más de 30 veces. A esta altura podemos hablar de exclusión social endémica, estructural, que exceden la cuestión meramente económica, pero que encuentran sus causas allí.
Lo que surge desde esta plataforma, es que, como contra cara desde la Ley Ruckauf, la población carcelaria se ha visto notoriamente incrementada, contrariando el discurso de los medios, en el sentido de que entran por un lado y salen por el otro. Las estadísticas niegan esas afirmaciones.
Basado en estas argumentaciones se muestra con cierta claridad la imposibilidad del sistema de resolver la “inseguridad”, precisamente por la falta de voluntad de resolver las fuentes generadoras del delito. En este sentido la reforma es sólo un intento efectivísta, como lo supo ser el mamarracho realizado en la reforma de 1998.

Consecuencias:
La primera en este orden de ideas, es la imposibilidad de comenzar a trabajar seriamente en la cuestión de la inseguridad, porque no se abordan las causas que generan la delincuencia, sólo se maquillan sus consecuencias, por ende, esta reforma esta destinada al fracaso.
Otro elemento decisivo esta configurado por la “crisis humanitaria” que atraviesa el sistema carcelario. Esta crisis no es una mera especulación que ha sido fehacientemente comprobada a través del contundente informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. Según dicha investigación las condiciones de detención son paupérrimas, hay hacinamiento, precariedad, mala alimentación, torturas, degradación, etc. Someter a una persona a este sistema implica una doble condena, pues “purga” la pena establecida y la que no le corresponde. Con relación a este particular podemos agregar algunos datos. El sistema penal es “ultra clasista”[1]: el 84% de los presos estaba desocupado o subocupado al momento de la detención, el 82% tiene escolarización primaria o menos. Sólo el 5% tiene secundaria completa. El 75% no tiene sentencia firme y, las estadísticas marcan que el 30% resultan absueltos al culminar el proceso.
Todo esto nos lleva a afirmar la selectividad del sistema punitivo y su agravamiento a través de la futura reforma. Es decir, se apunta a una especialización en la criminalización de la pobreza, en contraposición con los grandes crímenes(los de guante blanco), lo cual evidencia la lucha de clases en el terreno judicial.
Otra consecuencia que atenta contra la profundización de la democracia, es el hecho de la imposición del proyecto, su carácter inconsulto. Una proyecto que debiera definir el perfil de toda una sociedad y no solo destacar la hegemonía política de un sector.
Es claro en todo esto, el cambio de posicionamiento del oficialismo de la provincia de Buenos Aires; indudablemente esta reforma marca la derechización que se esta viviendo.

Las consecuencias en el Poder Judicial:
La otra gran crisis esta instalada en el seno del Poder Judicial, esto no escapa a nadie, inclusive a los funcionarios del Ejecutivo provincial. En ese contexto hay un incremento de litigiosidad, e insuficiencia operativa, presupuestaria y edilicia para hacerle frente a este caudal de causas. Todo ello conforma la crisis del órgano de ejecución de lo que será la nueva reforma. Parece razonable pensar, que quien será uno de los actores principalísimos de esta reforma sea escuchado, pero este proyecto de ley, que cuenta con media sanción ha caminado hasta aquí de forma inconsulta, sin tomar en cuenta, las diversas advertencias que los trabajadores judiciales hemos realizado.
Sin mayor presupuesto para el Poder Judicial, la reforma no puede ser implementada. Hasta ahora el modo de introducir modificaciones ha sido la división de las plantas funcionales ya existentes, creando algunas de forma residual.
Claro esta que como esta planteado, el Ejecutivo no respeta los derechos de quienes son órgano ejecutor, algo que se torna inaceptable. La modificación horaria como salida efectivista, sin infraestructura, y sin compensación salarial, violando derechos adquiridos por los trabajadores, son algunas de las consecuencias que se vislumbran. Al respecto nos oponemos abiertamente, por considerar que la posible ampliación horaria, supuestamente hasta las 18 hs[2], es inaceptable.
A su tiempo recordamos la resolución de fecha 20 de Abril de 2001, a través de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, expresa que: “…la duplicación del horario de actividad demandaría la institución de nuevas plantas funcionales con las necesarias previsiones presupuestarias”.

La reforma en sí:
Por todo lo antedicho creemos que el problema de la justicia es político y no técnico.
El proyecto de Solá apunta a una lisa y llana eliminación de una instancia del proceso, como es el Tribunal de Casación Penal, en abierta violación y deterioro de la defensa en juicio de las personas. La gravedad constitucional que acarrea se torna obvia.
Esta reforma sigue los pasos del plan piloto que se está desarrollando en Mar del Plata y San Martín, con un perfil que utiliza términos más propios de una empresa, que de la justicia, convirtiendo los procesos para los casos de flagrancia, en procesos sumarísimos, que redundan en el deterioro de la defensa en juicio, y a su ves, es de aplicación, estadísticamente hablando, para los pequeños delitos contra la propiedad, es decir, está destinada sólo a los ladrones de gallinas.
Otro elemento preocupante es, el manoseo político al que se somete la función de los jueces, tendiendo a controlarlos. En este sentido se inscribe la violación del principio del juez natural. Asimismo, ataca la posibilidad de la profesionalización al crear una “competencia flotante”, lo cual además trae aparejado problemas prácticos no previstos, que lesionan múltiples derechos de los procesados. Ellos asumirán las consecuencias.
Esta reforma importa un esquema de investigación, claramente violatorio de múltiples principios constitucionales como: imparcialidad; igualdad de las partes; separación de poderes.

Conclusiones:
Ante las nefastas consecuencias que acarreará la “nueva” Reforma, proponemos:

• 1º) Atender las reales causas que generan la sensación de inseguridad sobre la que se apoya este reforma. Es decir distribución de la riqueza, Ya, reduciendo la brecha entre ricos y pobres.
  
• 2º) Denunciamos la derechización de la política penal del Poder Ejecutivo.
  
• 3º) Una reforma adecuada a la realidad socioeconómica del país, en la cual participen los reales ejecutores de la justicia (los trabajadores judiciales), y también toda la sociedad, y no solo un sector político hegemónico.
  
• 4º) Urgente partida presupuestaria para la justicia, ya que se encuentra en una profunda crisis. Ley Porcentual, Ya.
  
• 5º) Parar con las modificaciones unilaterales por parte de la Corte y el Ministerio Público, y en detrimento de los trabajadores judiciales. Convenio Colectivo de Trabajo, Ya. Estipular claramente los mecanismos de promoción, ascenso y nombramiento del personal del Ministerio Público.

[1] Revista en Marcha, Nº43, pág. 4.
[2] Diario Hoy de La Plata, 1 de febrero de 2007, pág. 7.